Mariana Mazzucato ha provocado algún mareo entre los liberales radicales: en el ámbito de la innovación y la tecnología, detrás y antes de lo privado está lo que ha hecho el ámbito público. Es una idea con la que por supuesto estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que solo los desinformados no lo están. Las evidencias son tantas y tan abrumadoras y desde hace ya tanto tiempo que nadie correctamente informado las niega. Entonces… si las ideas de Mazzucato son largamente conocidas, ¿por qué se ha hecho mundialmente famosa? ¿Dónde está su aportación? A mi modo de ver, el gran mérito de Mazzucato no ha sido identificar el fenómeno sino evidenciarlo, extenderlo a muchos aspectos del sector público, vestirlo con una magnífica pátina de información y datos y extender la idea universalmente. Y provocar la discusión. Su mérito es enorme.
Pero insisto; sus ideas están aquí desde hace tiempo. ¿La mejor referencia? El sistema de I+D de Estados Unidos, el país considerado el más liberal del mundo. Ese enorme sistema de I+D financiado públicamente surgió para dar respuesta a las necesidades de esa sociedad. ¡Lo que ahora trata de mostrar Mazzucato fue precisamente la razón por la que se creó ese sistema! (Pero… ¡¿qué habrá pasado por el camino para que tengamos que recordarlo?!).
Aunque queda mal, personalizo para explicarlo: A mediados de los noventa, poco después de empezar mi tesis doctoral sobre transferencia de tecnología, mi genética académica quedó rápida y totalmente impregnada de las ideas que defiende Mazzucato. En la tesis escribía lo siguiente en relación a la Universidad americana.
La Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la consideración del gobierno hacia la universidad. En 1940, Vannevar Bush convenció al presidente Roosevelt de que los científicos podían contribuir a ganar la guerra desarrollando tecnología militar, contribución que no comportaba crear una gran estructura nacional de organización y supervisión, que implicaba tiempo, sino que únicamente hacía falta dinero. Las aportaciones de la ciencia fueron tan espectaculares (energía atómica, radar, desarrollos en aeronáutica, etc.) que motivaron la definición de una política científica y el establecimiento de agencias gubernamentales con la misión de asignar fondos de investigación. El origen de este proceso se encuentra en la propuesta de apoyo público de la ciencia denominada Science, the Endless Frontier, presentada el 1945 por el mismo Bush, en aquellos momentos director de la Office of Scientific Research and Development. La propuesta comportó la creación, en 1950, de la National Science Foundation (NSF). Esta fundación es hoy en día dirigida por el National Science Board, órgano compuesto por 24 miembros a dedicación parcial que provienen de la comunidad científica. La NSF tiene por objetivos apoyar a la investigación fundamental en todos los campos científicos y de la ingeniería. Las herramientas que tiene para hacerlo son becas y contratos con las universidades y otras instituciones de investigación. Las solicitudes las hacen los mismos científicos y se evalúan mediante el sistema de evaluación de expertos (peer review).
Un amplio conjunto de autores académicos ha evidenciado ese enorme papel de la universidad y de la I+D financiada públicamente en Estados Unidos. Por ejemplo, el afamado y prolífico Nathan Rosenberg. En 1992, publicó el artículo “Scientific Instrumentation and university research“ relativo al papel de las universidades investigadoras estadounidenses en el desarrollo de instrumental científico. Rosenberg exponía que seguramente las tecnologías instrumentales que analizó habrían acabado desarrollándose igualmente, pero tardando mucho más. Este desfase, esta anticipación, que es de muchos años, es la gran aportación de la investigación científica de funcionamiento abierto y público al mundo empresarial.
En otro artículo suyo previo, de 1990, (Why do firms do basic research (with their own money)?) afirmaba que en Estados Unidos había evidencias empíricas que apoyan la idea de que la investigación básica realiza una contribución importante al crecimiento económico de la economía. Decía que los retornos sociales de la investigación básica eran de hecho superiores a los retornos privados y que esta era la razón que llevaba a que muchas de estas actividades de investigación fuesen financiadas por el contribuyente. Recordaba que en Estados Unidos la mayor parte de la financiación de la investigación básica era aportada por el gobierno federal. Decía que las empresas sólo destinan dinero a investigación básica si tienen asegurado un retorno de esta inversión.
Edwin Mansfield también remarcó esas ideas. En su artículo “Academic research and industrial innovation” de 1991 expuso los resultados de su larga investigación. Utilizó datos de 76 grandes empresas americanas de siete sectores industriales distintos para cuantificar la contribución de la investigación científica al desarrollo de innovaciones tecnológicas. Sus resultados fueron que un porcentaje no menor de los nuevos productos comercializados y de los nuevos procesos implantados por esas empresas no se hubieran podido desarrollar (sin un retraso de unos 9 años), prescindiendo de la investigación académica desarrollada en los 15 años anteriores a la introducción de la innovación. Mansfield midió el tiempo transcurrido entre el momento en que se ejecuta la investigación académica y el momento en que se comercializan las invenciones que en ella se basan: 7 años.
Otra forma tradicional de analizar la influencia pública en la tecnología privada ha sido mirando las patentes. Esas patentes suelen ser solicitadas por las empresas y todas ellas mencionan el estado del arte previo, para poder demostrar su aplicabilidad industrial y su componente inventivo. Francis Narin y otros autores, en el artículo “The increasing linkage between U.S. technology and public science” de 1997, presentaron un análisis de casi 400.000 patentes americanas de dos períodos distintos: 1987-88 y el 1993-94. ¿Qué vieron en esas patentes? Un constante aumento de citas de publicaciones científicas (los famosos papers) generadas por la Ciencia pública americana. Ello era especialmente acentuado en sectores como el químico, farmacéutico o el electrónico. En definitiva, una gran parte de las patentes empresariales se sustentaba en el trabajo realizado por las universidades y centros públicos de investigación.
Los autores recordaban en su trabajo que su análisis no tenía en cuenta el importante papel que realizaba la ciencia pública a través de otros caminos. Ya en 1997 decían textualmente que “la premisa de que la investigación pública realiza una importante contribución al desarrollo económico es aceptada por TODO el espectro político”.